Opacitats detectades (XXIX): Els perills de la transparència?, casa reial, Llei de transparència, els viatges dels diputados, opacitat estatal
Ramón - 1975
¡Libertad de expresión!, gritábamos en los sesenta. ¡Libertad de pensamiento!, hemos de gritar hoy. El exceso de transparencia obnubila el entendimiento, limita la imaginación y condiciona la voluntad. ¿Qué porcentaje de información somos capaces de procesar en cada nuevo día?, ¿cómo racionalizamos la respuesta inmediata a cada información?
El pensamiento en la actualidad está condicionado por la información, la tecnología, las comunicaciones y por la energía. Los poderes que controlen esos pilares dominarán el mundo y lo harán sin opacidad y con el apoyo de las masas, que serán puntualmente informadas de todo aquello que sea necesario para mantener el orden. El mal se identificará con la libertad de pensamiento al margen de la información oficial. La ética estará condicionada por la moral absoluta de un sistema acrítico y, sin embargo, esencialmente transparente.
...al menos cinco departamento gubernamentales (Presidencia, Defensa, Exteriores, Interior y Hacienda y Administraciones Públicas) destinan diferentes partidas a conceptos vinculados a la Monarquía, por lo que la factura que deja la institución a los españoles es diez veces superior...
Dos fenómenos de nuestro tiempo están ejerciendo sobre las administraciones públicas una presión desacostumbrada. Por una parte, la tecnología las impulsa a producir y manejar voluminosos conjuntos de datos cuyo procesamiento adquiere un interés social creciente. Por otra, una sociedad crítica y enojada con los comportamientos políticos desconfía cada vez más de quienes la gobiernan. La confluencia de ambos fenómenos ha hecho crecer la oposición a las prácticas opacas y la demanda de transparencia.
Leyes de transparencia de última generación y consejos independientes de supervisión han aparecido en diversos países. Académicos, think tanks y organismos internacionales como la ONU o la OCDE han extendido los enfoques de gobierno abierto. Diversos rankings miden los avances en esta dirección.
La transparencia no es ya solo -siendo esto muchísimo- cuestión de calidad democrática. En la era digital, la información en poder de las administraciones es también un recurso social extremadamente valioso para la generación de actividad económica.
El éxito de la llamada economía colaborativa se asienta en parte sobre el acceso a esos datos y la posibilidad de su procesamiento y explotación. Por otra parte, de la interacción público-privada construida sobre esos recursos pueden desprenderse importantes mejoras de calidad y eficiencia de los mismos servicios públicos. Son escenarios propicios a la coproducción. El portal Data.gouv.fr del Gobierno francés anima a los usuarios a enriquecer y mejorar los datos disponibles e incluso a introducir datos nuevos.
El cambio se hace incómodo para unas administraciones acostumbradas a disponer de la información como si fuera propia. Recientemente saltaba a los medios que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha había hecho desaparecer de su «portal de transparencia», probablemente para maquillar sus listas de espera, miles de citas de resonancias magnéticas pendientes.
Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Gavá puso en marcha su nuevo portal de datos abiertos (Gavaobert.gavaciutat.cat). Soportado por una plataforma Socrata, similar a las de algunas de las principales ciudades norteamericanas, su filosofía es que cualquiera con conocimientos básicos de ofimática pueda trabajar por su cuenta los datos y compartir con quien desee los resultados. Quien lo visite comprobará que le resulta fácil, por ejemplo, acceder a datos de ejecución del presupuesto hasta el nivel de gasto más desagregado (factura), saber quiénes son los proveedores del ayuntamiento, o lo que se paga por IBI o cualquier otro tributo municipal. En definitiva, puede disponer de la misma información económico-financiera que cualquier concejal. Pero lo más importante no es el contenido sino el origen de los datos: es información en crudo, extraída de modo automático del aplicativo municipal de contabilidad, sin intervención humana alguna.
Sin duda, los gobernantes de Gavá corren con esta iniciativa algunos riesgos. Eso sí, demuestran haber entendido que las administraciones actuales tienen que renunciar a poseer como propio aquello que nunca fue suyo. Las sociedades de nuestro tiempo reclaman gobiernos con paredes de cristal y administradores dispuestos a dejar que se vea lo que hacen, tal como lo hacen y en el momento en que lo hacen. Son sociedades de ciudadanos que quieren entrar en la cocina y utilizarla.
Es la nueva cultura de la transparencia. Una cultura de la ética que pide a gritos la ciudadanía, harta de tanto oscurantismo y secreto, y que fortalece enormemente la democracia y es una eficaz arma contra la corrupción galopante que asola el país. El ciudadano quiere saber y está en su derecho. Es mayor de edad y no hace falta mentirle piadosamente para no preocuparle. La mentira política, el secreto, la alfombra tapadera y la falta de transparencia son, precisamente, las que han puesto a nuestros dirigentes en el disparadero, han conseguido que no se fie nadie de ellos y, además, los consideren ya un grave problema social. ¿Por qué no se dice la verdad? ¿Por qué negar el asunto de los ERE en Andalucía y tratar de ocultar los millones del señor Bárcenas? ¿Por qué los jueces y fiscales no querían meter mano en el escandaloso asunto de la familia Pujol? Los tiempos cambian y en la vida política lo hacen a mucha velocidad. Con las nuevas tecnologías de la información y la expansión de Internet los gobiernos están hoy vigilados permanentemente. Las noticias vuelan a golpe de tecla de ordenador y teléfono móvil. Todo se sabe y ya va a ser imposible ocultar la basura. Cuando nuestros políticos así lo entiendan y obren en consecuencia verán mejorada su imagen y recuperado el prestigio perdido, la Democracia será más fuerte y, entonces, el cáncer de la corrupción quizás podrá vencerse.
Los viajes institucionales, pagados por el Congreso, son públicos; mientras que las invitaciones hechas por otros organismos o empresas no figuran en ningún registro
Los criterios del Congreso tampoco fijan la obligación de desglosar los gastos de cada viaje oficial. "Los presupuestos del Congreso publican partidas generales, pero no cuánto se gastó en cada uno de los viajes que ha pagado"
"Hay parlamentos, como el británico, en el que cuando invitas a algún diputado la institución te obliga a detallar el importe y los motivos del viaje. En otros lugares, como Alemania, los diputados incluso han de declarar cuando reciben un regalo superior a 50 euros; más aún con un viaje, que siempre costará mucho más que 50 euros"
El Gobierno no ha nombrado a la persona que velará porque se aplique la Ley de Transparencia.
En España no se facilitan datos sobre los indultos que otorga el Gobierno, ni hay un registro que especifique qué hospital tiene las listas de espera más largas, ni qué colegio público logra mejores resultados en selectividad. Son datos que existen, se pueden facilitar y harían más transparente a la Administración —y mucho más cercana al ciudadano—. Son tan importantes como los listados de coches oficiales o las declaraciones de la renta de los cargos públicos.
Javier de Vega, portavoz de Civio, reclama extender “la cultura de preguntar” para forzar un cambio real en la forma en que la Administración trata a los administrados. “El derecho a conocer empieza con el deber de formular las cuestiones”
“Tenemos mucha información sobre lo que el Estado planea gastar, pero pocos datos de su ejecución. Los Presupuestos de Defensa, por ejemplo, se suelen ampliar a lo largo del año y los de la Ayuda Oficial al Desarrollo nunca se ejecutan al 100%. Además, la información no está desglosada y se presenta en muchos formatos distintos. Porque la transparencia no solo está en los datos, sino también en la forma en que se presentan”
Un ejemplo: la reforma de las Administraciones, un proyecto plagado de medidas para racionalizar los recursos de todos los ministerios, proponía la venta de 15.000 edificios propiedad del Estado, entre ellos de una decena de inmuebles singulares, para profundizar en el plan de reducción del déficit. Consultar el resultado de esta campaña resulta prácticamente imposible: el Boletín Oficial del Estado publica los anuncios de subastas, pero no las ventas efectivas que se han realizado.
La reforma de los Ayuntamientos, impulsada por una ley que entró en vigor en enero pasado, también ilustra la dificultad de saber si los anuncios se cumplen. Prometía una rebaja del gasto público de 8.000 millones de euros, según estimaciones del Ejecutivo, una buena parte de ellos a través de la reducción de sueldos de alcaldes y concejales. En la práctica, el Ministerio de Administraciones Públicas admite que carece de un listado de lo que cobran los 68.462 concejales que trabajan en los 8.116 municipios españoles.
La Administración General del Estado debe dar ejemplo fomentando la competencia en los concursos públicos que convoque. Es la conclusión que se extrae de los últimos informes publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los que ha hecho una serie de recomendaciones para que la Administración haga más transparentes y tenga más criterios de competencia en la concesión de los servicios de limpieza y telecomunicaciones.
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