Opacitats detectades (XXVIII): Hiperinformació i hipercomunicació, Llei de transparència, descontrol patrimonial, aconseguidors a la Sareb

Todo es pornografía. La hiperinformación y la hipercomunicación lían y enredan

Hay una exigencia incontestable de que todo sea visible, de juzgar a la gente en virtud de la presunción de transparencia versus culpabilidad. Lo invisible, lo oculto, lo inaccesible, lo misterioso es perseguido hasta ser atravesado por la estaca de la exposición, el escaparate, el espectáculo. Pero quien refiere la transparencia tan solo a la corrupción y a la velocidad y cantidad de información circulante en el sistema nervioso de Internet desconoce la envergadura de lo que está en juego. Digámoslo desde el principio, más información por sí sola no es ninguna verdad, ni garantía de sabiduría ni siquiera de conocimiento. La hiperinformación y la hipercomunicación lían y enredan, para convertirse en un traje a medida de las empresas y de los políticos servidores del sistema de rendimiento-record.

En la sociedad transparente, cada sujeto es un escaparate en el que expone su cuerpo pero también sus vísceras y su alma para su devoración. Todo se publicita, se visualiza, se fisga. Entra por los ojos sin demora o reflexión para su disfrute inmediato. 

“Privacidad para los desposeídos y transparencia para los poderosos”, nuevo lema de los nuevos medios

En España se tardaron casi cuarenta años, tras la muerte del dictador, en acordar una Ley de Transparencia. Por cierto dicha ley, no acaba de fiscalizar por completo a la Casa Real y a la Iglesia, como en los países de nuestro entorno. Es decir, el país aún no se ha librado de las características propias de una monarquía pre-ilustrada, basada en la alianza entre Trono y Altar. El anacronismo se pretendía defender con una Ley de Seguridad Ciudadana que criminalizaba las denuncias, convocatorias y movilizaciones digitales. El propio Consejo de Europa expresó su inquietud ante esta iniciativa”.

El Gobierno Rajoy quiere saber cuántos coches tiene y que nadie compre uno más sin su permiso

La realidad es que el Gobierno ha tenido que descubrir que hay un caos permanente en el tema de los coches y vehículos oficiales y ha decidido poner orden. También encarga a un organismo al mando de la operación.

Para empezar exige que la adquisición por compra, renting, leasing de los vehículos al servicio del Estado sea autorizada con carácter previo por el director del Parque Móvil. El Gobierno quiere que sea este organismo el que ejerza funciones de homologación y decida los modelos, características y tipos de vehículos para cada uno de los organismos.Quedan fuera de esta política los vehículos de las Fuerzas Armadas y cuerpos de Seguridad. Se incluyen los que están directamente al servicio del Gobierno, pero también los de organismos y entidades que integran el sector público estatal.Además, el Ejecutivo crea un ‘Registro de Vehículos del Sector Público Estatal’ que pretende “agrupar y unificar en un solo archivo todos los vehículos pertenecientes a dicho sector”.

El año 2008 el PP, entonces en la oposición, presentó una batería de preguntas en la que solicitaba conocer el número de coches que tenía el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Hace pocas semanas, el PSOE preguntó lo mismo al Gobierno de Mariano Rajoy.El Gobierno, según respuesta que recogió Europa Press, tiene censados actualmente en los distintos ministerios un total de 303 coches oficiales con una plantilla de 411 conductores. La pregunta partió del diputado socialista José Zaragoza.

"En el fondo la ley de Transparencia es basura"

"Pero cuando surgen las preguntas los ayuntamientos responden con evasivas o se van por los cerros". Y peor aún "muchos están convencidos de que un ciudadano no puede acceder a información de la que ellos disponen, cuando es al revés", se queja sin perder de vista que en lo referente a la ley de Transparencia existen una serie de supuestos para que ayuntamientos u órganos públicos, "con el pretexto de no perjudicar a otros ciudadanos se nieguen a mostrar las cuentas". Está convencido de que la única que puede controlar es la ciudadanía. "A los políticos hay que otorgarles el poder, pero bajo control, porque al margen de esas grandes corruptelas está la minucia, el amiguismo, las migajas, hablamos mucho de la cultura de la transparencia pero tanto órganos públicos como ciudadanía carecen de esa cultura, se desconoce el derecho a preguntar, a pedir copias de los contratos para ver a quien se le ha otorgado y a qué precio y cómo. En el fondo la ley de Transparencia es basura".

Cuando un Ayuntamiento decide arreglar una calle, tienen que constar al detalle en los presupuestos y, si acaso un vecino se anima a preguntar entre qué empresas se ha realizado el concurso público y en qué condiciones, sin duda las autoridades están obligadas a dar esa información. Pero, aunque no se consiga a la primera, "con la pregunta ya estás haciendo presión ciudadana", señala. "Aquello puede evitar que regidores, o personal que trabaja en ayuntamientos si acaso iban a hacer algo malo, se planteen vehicular las cosas de otra manera. Un dato a tener en cuenta es que según el último estudio del economista Oriol Amat la corrupción nos cuesta 40 mil millones de euros a los españoles. Ya es hora de que nosotros seamos auditores ciudadanos y estemos en vigilia permanente", propone.

El 95% de los ayuntamientos tiene un apartado que llaman presupuestos, aun así, el 50% de esos “ofrecen un resumen con cantidades redondeadas: se ingresa mil y se gasta mil, al lado de un par de gráficos”, destaca que  lo más absurdo es descubrir que cuando uno accede a la página rendición de cuentas de un Ayuntamiento, esa “rendición de cuentas” no exista, aun cuando el Estado haya hecho públicas las cuentas facilitadas por el mismo Ayuntamiento que niega la información al ciudadano. "Y esto sucede  porque el ministerio está en facultad de multar, retirar transferencias, pero el ciudadano de a pie no puede hacer nada.

Sareb crea un registro para blindarse contra la influencia de los políticos 'conseguidores'

“cualquier persona con una relevancia pública está capacitada, en el ejercicio de sus funciones, para tener una interlocución. Lo que pretendemos con este protocolo es que las decisiones que se adopten sean transparentes e incuestionables”

De acuerdo con el código de relaciones aprobado por el consejo, "se considera que estamos ante una Relación Singular cuando un tercero, en nombre propio o en representación de un colectivo, con especial relevancia y capacidad de influencia, se dirige a Sareb solicitando la adopción de una decisión, sea estrictamente de negocio, contratación, o selección, o, en general, pretende entablar relación con la sociedad". En definitiva, poner nombre y apellidos al conseguidor formal de una gestión.