Opacitats detectades (XXI): El per que de tot plegat, pensions dels diputats,
Los espacios difíciles se conquistan con entusiasmo, como en el deporte. Meter goles a la corrupción, a la opacidad del sistema y su burocratización, precisa de ánimo y emoción. No es tarea fácil, pero si la voluntad política lo asume como prioritario, al final tendremos una Administración transparente, eficiente y sin las ataduras de los procedimientos burocráticos que fomentan la oscuridad.
¿Por qué la transparencia es tan importante? La respuesta es sencilla: sin transparencia el sistema no funciona eficientemente. Porque pueden actuar injustamente sin oír el rechazo social; porque distorsionan la economía; porque anula el equilibrio del mercado y porque, además, genera incrementos de los costes de los servicios o de las obras públicas.
¿Por qué la transparencia? Porque o cortamos por lo sano estos modos o el sistema se hunde por causa de la golfería existente. Contra la corrupción y el fraude, hay que luchar con los mismos medios que contra el contrabando, el narcotráfico y el terrorismo: sin tregua y persiguiendo los actos al mismo tiempo que se cometen los hechos. Hay que vigilar los bienes comunes.
La transparencia es esencial para el funcionamiento de la democracia y de la economía, por eso es de vital importancia la susodicha ‘hoja de ruta’ que tiene como objetivo la nitidez en la actuación de las administraciones, tal y como reclama la sociedad de cuya respuesta en las consultas se deduce claramente que lo difícil no es saber si hay corrupción y falta de transparencia en las instituciones: lo difícil es negarlo.
Los fondos de pensiones privados en el sector público son una herencia de las vacas gordas. Cientos de miles de empleados públicos tienen uno, aunque desde 2012 la mayoría tiene congeladas las aportaciones por parte del Estado. El más grande es el de la Administración General del Estado (AGE) que tiene más de 600.000 funcionarios como partícipes y es totalmente transparente. Uno de los más pequeños y oscuros es el que contrataron diputados y senadores.
El Congreso de los Diputados han rechazado dar cualquier información sobre su plan de pensiones a este medio. eldiario.es ha preguntado a una decena de diputados y ninguno ha sabido aclarar en qué invierte el fondo.
Los trabajadores de las Cortes tienen otro plan de pensiones contratado con Bankia totalmente separado y que cumple criterios de inversión ética.
Una de las razones de este aparente desconocimiento sobre los productos de ahorro que están a nombre de estos políticos electos es la singularidad del plan contratado. La mesa optó por contratar un nuevo producto (se estrenaba en aquel 2007) que no responde a ninguna de las fórmulas habituales de planes de pensiones. Se trata de un "Plan de Previsión Social Empresarial", que es en realidad un seguro de vida colectivo. Aunque las ventajas fiscales y las condiciones son las mismas que en un plan de pensiones, no está sometido a registro público, por lo que no se pueden conocer en qué invierte. En principio, y según aclara la patronal del seguro (Unespa), al ser una póliza de seguros invierte en lo que invierta el conjunto de la aseguradora (en este caso BBVA Seguros) ya que está en el balance de la aseguradora. Estas entidades suelen invertir sobre todo en renta fija (esto es, deuda pública). Tiene una rentabilidad garantizada y tiene menos riesgo que un plan de pensiones.
Este instrumento es, por encima de todo, opaco. Entre otras cuestiones, no tiene una comisión de control que vigile las inversiones, una de las razones por las que los sindicatos no lo han querido adoptar para el resto del sector público. Sin embargo, desde la patronal de las aseguradoras entienden que los diputados deberían poder saber en qué invierten siempre y cuando lo pregunten a su entidad financiera.
La Sala de lo contencioso administrativo sección quinta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha asestado un nuevo golpe contra la falta de transparencia de la Generalitat Valenciana en haber estimado tres recursos del diputado de EUPV en las Corts Valencianas, Ignacio Blanco. En este caso se trata de la denegació por parte del vicepresidente José Císcar de los estudios trimestrales de opinión pública, lo cual “tal como ha establecido el TSJ supone una vulneración de los derechos constitucionales que nos asisten a los diputados”.
El mastodóntico robots.txt del BOE, 8133 líneas para que Google no indexe condenas e indultos a corruptos http://www.boe.es/robots.txt vía @patowc
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