Opacitats detectades (XXIV): Casa reial, urbanisme, dades guvernamentals, CatalunyaCaixa, dèficit fiscal
El día que fue proclamado rey, abogó por una monarquía “íntegra y transparente”. Un buen ejercicio de transparencia sería hacer públicas las decisiones tomadas por su antecesor en reuniones con los homólogos marroquíes
Un lugar incoherente llamado España. No nos vale lo traslúcido. No nos vale la oscuridad del ámbar. Solo aceptaremos la transparencia, que permita que la información sobre los dineros esté al alcance de cualquier ciudadano. Todo en base a concursos públicos y publicitados. Hasta el último céntimo. Es posible que aun así, todavía alguno se trinque la pasta; bueno, a esos los recibirán en los juzgados. Esto sería lo lógico en cualquier país de nuestro entorno. En cambio, en España la realidad es muy diferente. Cuando un obrero trabaja más de 40 horas a la semana tiene mucha suerte si llega a los mil euros.
El Gobierno reconoce que las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social que cada mes publica el Ministerio de Empleo recogen “relaciones laborales”, es decir, contratos, y no número de personas trabajando, admitiendo así de forma implícita que se cuenta varias veces a las mismas personas que están pluriempleadas.
No obstante, el Gobierno no contesta a la pregunta de Anchuelo sobre “cuántas personas aparecen contadas varias veces en la estadística de afiliaciones de la Seguridad Social del mes de mayo de 2014″ ni tampoco valora su propuesta de “ponderar” en las estadísticas los contratos a tiempo parcial para “poder valorar realmente el incremento” de puestos de trabajo.
El FROB no explica qué garantías ha ofrecido en la operación ni qué otras entidades presentaron ofertas y cuáles fueron. Tampoco por qué la venta de la entidad era la mejor opción para el contribuyente.
En su primer informe solicita mayor vigilancia de los pagos aplazados por las administraciones y hacer públicas todas las entidades que incumplan los objetivos de déficit y deuda.
La Autoridad Fiscal también considera necesario avanzar en la transparencia como herramienta para impulsar la eficacia de los planes económicos-financieros que deben realizar las administraciones que incumplen el objetivo de déficit o deuda. En este sentido, recomienda que se defina claramente el momento en el que se considera constatado el incumplimiento de estos objetivos. Además, insiste en que deben hacerse públicos las entidades incumplidoras sin esperar a que presenten un plan para corregir su desfase. Además, en el caso de que una administración incumpla este plan, deba justificar las causas por las que no ha cumplido.
La AIReF también defiende que los presupuestos de las administraciones incluyan una comparación con la previsión de liquidación del presupuesto del año anterior. La Autoridad Fiscal recuerda que la ausencia de estos datos “limita la comparación” y hace “imposible” conocer si un determinado gasto aumenta o disminuye respecto al nivel que se prevé que alcance al término del ejercicio.
Tres ministros: Fátima Báñez, Ana Mato y Alberto Ruiz-Gallardón. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Y representantes de otros dos ministerios. Todo un cónclave para tratar un tema espinoso: la actuación de las administraciones con los niños inmigrantes que llegan solos a España. Sin embargo, y aunque la firma del protocolo de Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) que se produjo este martes afecta a casi la mitad de la plana mayor del Gobierno, no se ha brindado ningún tipo de detalle sobre él, y se ha conminado a los periodistas asistentes a descubrir su contenido cuando aparezca en el Boletín Oficial del Estado.
"En él (el protocolo) se establece cómo, cuándo y quién debe actuar cuando un menor extranjero no acompañado por un adulto aparece en territorio español", recoge el comunicado del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que presidía la reunión. Los tres interrogantes en cambio no han sido desvelados en la comparecencia. Fuentes de la cartera dirigida por Báñez aseguran que, de momento, "no pueden dar más detalles del protocolo", que se publicará "en los próximos días" en el BOE. Tampoco pueden ofrecer datos sobre la fecha de publicación.
És una vergonya que el ministre amagui les dades que haurien de ser de propietat pública i no les publiqui perquè els economistes puguin fer els càlculs de les balances que més els agradin, incloent-hi els mètodes científics que s’han utilitzat durant anys. Amagar les dades i només publicar unes “ cuentas territorializadas ” totalment cuinades per economistes afins és una vergonya intel·lectual. Als països democràtics les dades són dels ciutadans, i no pas del ministre o del rei, i els exacadèmics respectats no haurien de participar en aquesta ocultació.
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