El profesor Enrique Dans explica el concepto de “Information Equation” o cómo las compañías (ante todo tecnológicas) tratan los datos que recogen de sus usuarios. Ante la cantidad ingente de información que piden o que simplemente se les da, las empresas tiene la obligación de tratar estos datos con suma transparencia y responsabilidad para conseguir un flujo estable.
¿Cuál es la clave fundamental en una ecuación informacional? Que esté gestionada sin zonas grises, sin dejar lugar a la imaginación, con un nivel de transparencia total: el cliente tiene que saber en todo momento qué información tenemos de él, cómo la custodiamos, cómo la utilizamos, y qué efectos secundarios va a experimentar por ello – además, por supuesto, de los correspondientes derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) que tienen que plantearse de manera inequívoca y sencilla.
Regeneración. Regeneración. Regeneración. ese es el enésimo mantra de la retórica del poder; otra de esas palabras del vocabulario político convertidas en conjuro habitual para invocar el espíritu de la credibilidad. Como transparencia, transparencia, transparencia. O sostenibilidad, sostenibilidad, sostenibilidad. Claro que de la palabra a la realidad va un abismo; pero hay vocablos que el poder formula, como hechiceros de la tribu, para inspirar ilusión.
El Gobierno regional [canario] inauguró esta semana su web de transparencia, que más que información, ofrece datos difíciles de interpretar para el ciudadano común. Consciente de ello, promete mejorarla.
La idea de un único portal (http://www.gobiernodecanarias.org/ transparencia) que centraliza y ordena la información de las administraciones para facilitar su acceso a los ciudadanos crea la expectativa de que a partir de ahora cualquiera puede consultar cualquier asunto y que podrá aclararse sobre la marcha. Es una imagen sugerente que conecta muy bien con la calle en un momento en que existe una creciente demanda social en materia de transparencia -y que sale en un año preelectoral-. Pero la situación está lejos de ser así de sencilla.
Para empezar, los datos del portal no se ofrecen de manera uniforme. Cada área del Gobierno regional los aporta en el formato que quiere -o puede-. Además, se refieren a los períodos que tienen disponibles, que no siempre son los más recientes. Y por supuesto, hay materias estratégicas -como por ejemplo, la energética- que no están incluidas.
Turbidez... es lo peor que puede pasarle al agua, que esté turbia, fosca, invitando a sospechar en ella lodos, ponzoñas o cólicos.
Es evidente que las aguas nacionales bajan turbias desde hace tiempo... tanto, que se nos hizo eterno ya al primer año y aquí seguimos sin salir de los dineros turbios, los recortes claros y el chocolate espeso, muy espeso.
Pero ya tiene España su Ley de Transparencia... ¡cuánta decencia!
Cuando voy por ahí, recelo de los sitios o países cuyos ríos bajan con aguas canosas, negras, barradas... Esta tierra empieza a estar en ese club: ríos ayer cristalinos bajan hoy foscos, lo turbio acampa en la corriente... y lo corriente en esta vida pública es lo turbio.
Pero ya tiene España su Ley de Transparencia... ¡cuánta elocuencia!
Aprobaron los partidos en Cortes esa ley sin decir ni mea culpa, al contrario... pero las finanzas de los partidos son también ríos turbios de afluentes que desaparecen como Guadianas... aunque el correr de sus dineros lo vigila un Tribunal de Cuentas que nombran los propios partidos... mira qué bien.
Pero ya tiene España su Ley de Transparencia... ¡cuánta avenencia!
Dicen los mentideros que el nombre del ex-ecónomo diocesano de Astorga y número dos de las finanzas vaticanas (añaden que está cesado y fuera de la renovación inminente impulsada por el papa) sale a relucir en los líos de Bárcenas a causa de una fianza que aportó su cuñada astorgana y cuyo origen estaría en unos fondos sicav en los que aparece este señor cura ... ¿quién duda de que el caso Bárcenas extiende su turbidez ad infinitum?...
Pero ya tiene España su Ley de Transparencia... ¡cuánta eminencia!
Esta ley se aprobó en 2013 para tener claras y coram pópuli las cuentas de administraciones públicas, reyes, partidos, sindicatos o iglesias... pero a condición de que no entrara en vigor hasta diciembre de 2014... ¿y eso?... lagarto... ¿quién convencerá ahora a este pueblo expoliado de que no se dieron los políticos este año de plazo para poder destruir pruebas, maquear números o vestir santos?... seguro que algunos saldrán tan limpios, que diremos ¡milagro, milagro, no les hacía falta esa ley!
El CGPJ pone en marcha una web que permite controlar sus gastos
Permite conocer, si no todos, algunos secretillos de la Administración. Hasta ahora, obtener información y acceder a archivos públicos más que un derecho de los ciudadanos (no solo de los periodistas) era un calvario.
Como si fueran guardianes de los documentos, muchos funcionarios cerraban a cal y canto los registros cuando alguien pretendía husmear en ellos. El silencio administrativo era la forma más fácil y cómoda de mantener los datos ocultos y a los curiosos alejados. Ahora esa táctica ya no vale. La Ley de Transparencia pone la lupa sobre las actividades del Gobierno, las empresas públicas, los partidos, las entidades que reciben subvenciones e incluso la Corona. Deben abrir sus puertas y ventanas porque los ciudadanos tienen derecho a saber.
...el Gobierno lleva medio año incumpliendo la Ley de Transparencia porque, seis meses después de su entrada en vigor, sigue sin publicar la declaración de bienes y patrimonio de los altos cargos de la Administración General del Estado que no son ministros o secretarios de Estado.
...la regulación de la declaración de bienes y patrimonio de los altos cargos está incluida en una disposición final de la ley, de modo que debía empezar a cumplirse 20 días después de su publicación en el BOE, en noviembre de 2013.
"Debido a que las compañías suelen estar dirigidas por gente que gana mucho dinero, el resultado es un velo de silencio y misterio a la hora de mostrar los sueldos"
Existen muchos motivos sorprendentes por los cuales "mantener los salarios en secreto suele ser una mala idea para cualquier organización"
"Por un lado, mantener los salarios en secreto perjudica a las mujeres, ya que suelen ser peores que los hombres a la hora de pedir aumentos. Si ellos piden aumentos en secreto y los reciben también en secreto, mientras que ellas no lo hacen, eso explicaría por qué los hombres terminan ganando más que las mujeres"
"Mantener el salario en secreto es también una forma muy efectiva de que los jefes, de manera consciente o no, tengan favoritismos entre sus empleados"
"Si usted trabaja para una compañía en la que todos saben lo que ganan los demás, entonces será muy sencillo saber lo que está pasando. Usted podrá ver quiénes son los mejores, y qué tipo de habilidades y talentos premia la compañía", escribió. "También podrá ver si se les paga más a los hombres que a las mujeres, si los directivos ganan de más y si amenazar con renunciar es premiado con aumentos sustanciales de sueldo. Es más, debido a que la gerencia sabe que todos pueden ver estas cosas, es mucho menos probable que lleve a cabo el tipo de tratos en secreto que son demasiado comunes en las empresas de hoy en día"
En primer lugar, no todo lo injusto es inconstitucional
Un real decreto-ley que, hipotéticamente, vulnerara flagrantemente el artículo 86 de la Constitución que establece cuáles son los criterios para poder dictar este tipo de normas, pongamos, caso extremo, que se aprobara por real decreto-ley lo que debería ser aprobado por ley orgánica, el Código Penal, o que se aprobara, incluso, una modificación de la propia Constitución, no podría ser suspendido por el hecho de ser recurrido tras su convalidación por el Congreso. Porque un real decreto-ley, sí, ha de ser convalidado por el Congreso, pero eso carece de importancia en un país donde la confusión práctica entre Ejecutivo y Legislativo es evidente con mayorías absolutas. La posibilidad de suspensión de normas estatales recurridas al Tribunal Constitucional fue eliminada hace años, y los argumentos para efectuar una interpretación que acoja esa posibilidad, aunque recogidos incluso en algún voto particular de alguna resolución del Tribunal Constitucional, no han prosperado.
Por tanto, la absoluta inconstitucionalidad de una norma con rango de ley no impide que sea aplicada mientras el Tribunal Constitucional decide sobre el fondo del recurso.
- Lo cual nos lleva al quid de la cuestión: la agenda del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional tarda en resolver un recurso exactamente lo que considera oportuno, sin posibilidad ninguna de control. Por tanto, basta con que no resuelva para que normas flagrantemente inconstitucionales sigan aplicándose, causando daños irreparables a derechos, personas y al propio Estado de Derecho. Y lo que tarda el Tribunal Constitucional es no solo arbitrario sino preocupante; porque unas veces tarda un año y otras diez o más, en función de criterios ignotos que no se puede por menos que calificar de políticos, en el peor sentido de la palabra.
Lo cual significa que estamos indefensos ante las normas inconstitucionales. Eso significa que el Estado de Derecho no existe
Sí, todo eso da igual.
Porque el Gobierno sabe que, incluso si la oposición se anima a recurrir -del defensor del Pueblo, esa hermosa figura decorativa, mejor ni hablar- el Tribunal Constitucional tardará lo que sea, años, muchos años.
Muchos más años que lo que tardan en llegar las siguientes elecciones, o incluso las elecciones siguientes a las siguientes elecciones.
El Gobierno sabe que es incontrolable.
El Gobierno sabe que estamos indefensos.
Y por tanto el Gobierno abusa, porque el poder no controlado tiene a abusar.
No, no estamos en un Estado de Derecho, Estamos en una apariencia de Estado de Derecho, Porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y aquí tenemos un poder absoluto, por incontrolado.
Esta es la mayor corrupción: la de las leyes incontrolables. Olvídese de bárcenas y urdangarines; esos pueden haber infringido leyes, pero no las han creado. Aquí leyes infames de fondo y forma salen cotidianamente, y da igual. Sin control.
La peor corrupción. Y no sale en las portadas.
El uso del Decreto Ley para regular aquello que no era urgente ni extraordinario, sino más bien problemático para el Gobierno, es poco democrático [també podríem dir que és anticonstitucional]
2) La transparencia no debe ser una opción. Debe ser una obligación. Por el bien de todos. La desconfianza es demoledora y puede echar abajo sectores enteros o una economía al completo. Gowex presentaba ante el MAB (el mercado en el que cotizaba) unas cuentas opacas, con generalidades, con ausencia de métricas de negocio muy importantes y sin mención en muchas ocasiones a clientes concretos y contratos específicos.
Aunque entre las startups sigue habiendo un reto importante en la transparencia (en las últimas semanas han surgido iniciativas que buscan incrementarla), no es algo exclusivo de este sector. Debe ser el común. Poner luz y taquígrafos en las cuentas no debería ser negativo, sino justamente todo lo contrario. El 'fake it till you make it' ('Aparéntalo hasta que lo consigas, en español) debería erradicarse de cualquier negocio. También de las startups.
... dos lecciones que han de grabarse a fuego reguladores, inversores, administraciones, empresas y medios y publicaciones especializadas. Sigue habiendo mucho que mejorar.
En España hay demasiada gente cobrando por decir que regula y vigila el correcto funcionamiento de los mercados y vela por los intereses de sus clientes y accionistas, cuando en realidad no lo hace, o incluso sirve para todo lo contrario
Gotham City, una consultora pequeña y desconocida con nombre de comic ha destapado solita el fraude multimillonario de Gowex. Unos consultores a tanto la hora han desenmascarado en una semana a su fundador, Jenaro Garcia, ese emprendedor que durante años coleccionó fotografías con presidentes haciéndole entrega de toda clase de premios y reconocimientos.
Cómo lo hicieron, se preguntarán ustedes. Qué complejos métodos de investigación emplearon, qué onerosos sistemas de vigilancia y seguimiento desarrollaron, qué refinados modelos de análisis y proyección idearon para lograr desentrañar las trampas que consultoras, reguladores y líderes fueron incapaces de ver.
La respuesta es bien sencilla. Utilizaron el mismo método infalible que empleamos nosotros y nuestras madres cuando queremos saber algo: llamar y preguntar. Gotham City hizo algo tan asombroso como coger los libros de la Gowex y bajarse al mundo real para comprobar si cuadraban.
Para defenderse ante semejante escándalo, nuestros reguladores sostienen que ellos se fían de los libros que presentan los empresarios y carecen de medios y recursos para verificar la integridad de la información que deben auditar. Gotham City les ha enseñado el camino: no fiarse de los libros y llamar y preguntar para ver qué hay de verdad. Para hacer eso no hace falta ser extranjero, ni ser Batman, ni tener superpoderes. Basta con tener un teléfono y sentido común.
El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia (UMU), Julián Valero, ha propuesto este miércoles, en el seno de la Comisión de Asuntos Generales encargada de la elaboración de la Ley de Transparencia de la Región de Murcia, que esta normativa introduzca también sanciones disciplinarias a los cargos públicos y políticos y no solo a los funcionarios, como se ha establecido en la ley estatal.
Esta iniciativa proviene de la necesidad de establecer garantías de cumplimiento de la normativa, ya que según ha expuesto el experto en transparencia "muchas veces se aprueban leyes y luego no se hace nada por cumplirlas".
Ha ejemplificado este hecho asegurando que los concejales de los ayuntamientos tienen derecho a acceder a la información de los plenos, "pero a veces no pueden acceder a ella porque el alcalde o la autoridad política se niega a dársela. Es importante establecer medidas específicas para sancionar porque a veces son las autoridades políticas las que niegan el acceso a la información".
Aparte de esto, el profesor de Derecho de la UMU también ha hecho referencia a lo que se conoce como 'Open Data' y ha instado a los grupos parlamentarios a introducir en la futura ley de transparencia mecanismos que faciliten la reutilización de información procedente de la Administración.
Puesto que lo propio de cualquier mercado es analizar el recíproco juego de la oferta y la demanda, en el mercado de las ideas conviene estudiar la cantidad de transparencia que se demanda a las empresas que operan en el mercado de valores, para después compararla con la dosis de transparencia que el parlamento ofrece al mercado sobre los poderes administrativos que ostenta la autoridad supervisora.
"No tiene sentido que la sociedad pague impuestos para generar una serie de datos en la Administración y luego se guarden y no estén abiertos a la sociedad", ha indicado Valero.
Dentro de la propuesta del 'Open Data', el experto en Transparencia ha indicado que la nueva normativa debería reforzar la regulación de información en "ámbitos tan delicados" como es el Urbanismo y el Medio Ambiente y que las distintas administraciones se coordinen para lograr ser más transparentes.
Además, Valero ha reiterado que "no basta con que la Administración sea transparente", sino que se ha de permitir la participación de los ciudadanos.
Cree que la regulación del acceso a la información "está desfasada" y que con el uso de las nuevas tecnologías se podría conseguir un acceso "mejor y más fácil para los ciudadanos". Y ha pedido que se creen órganos específicos que se encarguen de dar respuesta a las necesidades de información de los ciudadanos.
Puesto que lo propio de cualquier mercado es analizar el recíproco juego de la oferta y la demanda, en el mercado de las ideas conviene estudiar la cantidad de transparencia que se demanda a las empresas que operan en el mercado de valores, para después compararla con la dosis de transparencia que el parlamento ofrece al mercado sobre los poderes administrativos que ostenta la autoridad supervisora.
La transparencia informativa está en juego en materia de retribución de los administradores y gerentes de las sociedades que cotizan en bolsa (para que los accionistas sepan cómo se les paga). En ese mismo sentido, también está en juego la transparencia respecto a la retribución de las autoridades y empleados públicos que trabajan en la CNMV (para que los contribuyentes sepamos cómo se les remunera y cuánto nos cuesta el control administrativo del mercado de valores).
Pues bien, el mayor o menor rigor que se utiliza para enjuiciar la dosis de independencia de los administradores no ejecutivos de una empresa que cotiza en bolsa, no debería ser muy distinto del rigor y la severidad que también se aplica a la hora de pronunciarse sobre el margen de independencia de los miembros dela CNMV respecto a los partidos políticos y al Gobierno.
...una de las vías para satisfacer la transparencia es exigir a una persona que explique y justifique a los demás el fundamento de sus decisiones; así ocurre tanto para los operadores del mercado, como para la Administración pública que les controla. A ese respecto, debería existir un cierto margen de uniformidad (a la hora de exigir un mayor o menor grado de densidad y solidez en las justificaciones que se ofrecen, o de conformarse y aceptar una motivación vaporosa o gaseosa), en el sentido de aplicar el mismo rasero a los operadores del mercado y ala CNMV(cuando adopta decisiones administrativas que limitan la libertad de empresa)
La tecnocracia administrativa de la CNMV debería ser la aristocracia de la transparencia informativa
Ocurre que en relación al control público del mercado de valores negociables, no hay transparencia informativa del parlamento...
A los operadores del mercado y al conjunto de la ciudadanía nos importa la transparencia informativa sobre los gastos suntuarios que realiza la CNMV, o sobre las remuneraciones que perciben quienes trabajan en esa institución, pero desde la perspectiva de los principios característicos de un Estado democrático de Derecho, todavía nos importa más la certidumbre sobre los poderes administrativos que puede ejercer la autoridad supervisora para restringir la libertad de empresa.
La Comisión Europea ha iniciado una investigación formal a la Comunidad Valenciana por la manipulación de los datos de gasto sanitario (y por tanto de déficit y deuda). Los datos erróneos fueron proporcionados durante años y afectaron a los datos nacionales que luego se reportaron al Eurostat.
