Opacitats detectades (XX): Nou rei... l'opacitat segueix, privacitat, seguretat nacional, endogàmia institucional
El Gobierno y la Casa Real dicen desconocer por el momento el coste de los actos de proclamación del nuevo monarca
La Casa Real no va a difundir la lista de invitados a la recepción ofrecida este jueves en el Palacio Real con motivo de la proclamación de Felipe VI. Será imposible saber, de este modo, quiénes de entre los invitados decidieron declinar el convite. Zarzuela cursó cerca de 2.200 invitaciones. Un tercio de sus destinatarios acudió a la cita con pareja, por lo que la cifra final de participantes superó los 3.000.
La Casa Real se niega a facilitar esa lista de invitados a los medios de comunicación. Tan solo 24 horas después de su coronación, Felipe VI cosechó el viernes su primer suspenso en transparencia, algo muy llamativo dado que esa palabra aparecía precisamente en el discurso que dio ante las Cortes. Y con ella se alimentaron algunos de los titulares: “Una Corona íntegra, honesta y transparente”, tituló entre comillas en portada El País. En El Correo leíamos: ”La Corona debe ser transparente y honesta sólo así tendrá autoridad”.
Algunos periodistas tuvieron la oportunidad de echar un vistazo a la lista ese día y tomar notas para apuntar los nombres de algunos invitados. Les prohibieron hacer copias, como si fuera un documento secreto.
Por una razón u otra, la Casa Real vuelve a dejar patente que no se ha enterado del cambio de siglo o de la dificultad de justificar la supervivencia de la monarquía en una sociedad muy distinta a la que contemplaba su padre cuando llegó al trono. Quizá algún día se den cuenta de que van a necesitar apoyos mas sólidos que los de Rajoy y Rubalcaba.
¿Què té a veure l'aforament del Rei pare amb la llei orgànica complementària de racionalització del sector públic? Res, llevat que aquesta llei que casualment passava ara pel Parlament serà la drecera que usi el Govern de Rajoy per blindar judicialment Joan Carles de Borbó a través d'una auto-esmena, d'un nyap legal.
El rey Felipe VI tiene por delante el reto de cumplir los compromisos que lanzó en su discurso ante la nación, pasar de las palabra a los hechos. El primero, un compromiso de transparencia de la Casa Real, que está en su mano cumplir. Más difícil tiene otros desafíos, como los que tienen que ver con la situación económica o Cataluña, que están en manos del Gobierno.
Está previsto, pero sin fecha que don Felipe y doña Letizia viajen a Cataluña. Desde la Generalitat confirman que quieren verles allí. Lo que sí está manos de los nuevos reyes y sus equipos es la transparencia por la que apostó Felipe.
El compromiso de transparencia arrancó ya en la última etapa del reinado de su padre pero en este nuevo tiempo es una exigencia que el rey definió como justa y legítima.
En un momento en el que se discuten las características de una nueva Ley de Transparencia y la Ley General para la protección de Datos Personales en nuestro país habrá que tener muy presente las tendencias de los estados nacionales a espiar a sus gobernados y a ocultar lo mejor que puedan buena parte de sus actividades.
La seguridad nacional como elemento central para justificar la opacidad del poder político y económico y, al mismo tiempo, permitirles que exijan al ciudadano transparencia absoluta debe reformularse. De no hacerlo será muy difícil garantizar el disfrute de los derechos fundamentales.
La seguridad nacional no puede ser entendida en términos de la capacidad del estado para defenderse de sus ciudadanos, para ocultarle, en aras de la protección de la nación, que existe un sistema que lo vigila violando sistemáticamente su derecho a la privacidad.
El conflicto no es menor ya que de acuerdo con Samuel Huntington, el “… poder se mantiene fuerte cuando permanece en la sombra; expuesto a la luz, comienza a evaporarse. ” Así las cosas, no será el estado quien el actor principal que promueva la el derecho a la información y el respeto a la privacidad sino la sociedad en su conjunto, quien además está obligada a defender su derecho a la privacidad para enfrentar ésa batalla que viene, una vez que se consume la privatización de nuestros recursos naturales. Y dadas las circunstancias no será una batalla menor.
El Tribunal de Cuentas, organismo encargado de fiscalizar a los partidos políticos y a los organismos públicos, alberga en su plantilla, de poco más de 700 trabajadores, a casi un centenar de familiares de altos y ex altos cargos de la institución y de sus principales representantes sindicales, en especial de UGT, según una investigación de EL PAÍS. Esto supone que aproximadamente el 14% de la plantilla tiene vínculos familiares dentro de la institución, y cerca del 10% tienen vinculaciones con altos y medios cargos. Desde el actual presidente hasta los responsables del comité de empresa, pasando por consejeros y conocidos políticos tienen entre la plantilla del tribunal a esposas, cuñados, concuñadas, primos carnales, hermanos, sobrinos, hijos, nueras, yernos e incluso a amigos de la infancia. También hay parejas sentimentales y hermanas de éstas.
Álvarez de Miranda tiene en la plantilla a su concuñada, Cristina Querarto Iborra, y a un sobrino, José Manuel García Soriano. Su segundo en el tribunal, el presidente de la Sección de Fiscalización, Javier Medina Guijarro (PP), tiene a un hermano (Enrique Medina), una hermana (María Consuelo Medina Guijarro), a su esposa (María del Carmen Higueras Esteban) y a una pariente lejana de su cónyuge (María Pérez Michaus). Medina rechaza vínculos con esta última, y señala que el resto de sus parientes accedieron al tribunal antes de que él fuese consejero, en 2003.
El sindicalista de UGT solo tiene el graduado escolar y, ascenso tras ascenso, ahora es jefe de equipo, con un sueldo, excluidas las pagas de productividad, de en torno a 2.800 euros. En el tribunal trabajan su exesposa (María Isabel Fernández Pérez), su actual pareja (Pilar Ramírez Villar), su nuera (Yolanda de la Torre Pérez), su cuñada (Consuelo Dávila Anillo), su sobrino (Manuel Ramírez Herans), otro sobrino (Jesús Sanz Hernández) y su amigo de la infancia Félix Real Perea. También, un hijo con su primera esposa, Alejandro Ronda Fernández. Éste y el anterior son jefes de equipo. La segunda esposa de Ronda, que empezó como limpiadora en el Ministerio de Defensa, es ahora jefa de equipo, y su sueldo supera los 3.000 euros al mes.
El Tribunal de Cuentas, donde casi un centenar de sus 700 empleados son familiares y allegados de altos cargos y de representantes sindicales del organismo, necesita adaptarse a las nuevas tecnologías informáticas. Pero con el personal de que dispone no puede. Un informe del subdirector jefe del servicio central de informática de la Administración del Estado, al que ha tenido acceso EL PAÍS, revela que el 80% de la plantilla de informáticos del Tribunal de Cuentas (60 trabajadores) carece de conocimientos y titulación para afrontar las necesidades del servicio.
El documento analiza la plantilla de informáticos y, salvo algunas excepciones, concluye que es ineficaz para lo que pretende el tribunal: desarrollar un sistema operativo adecuado que ayude al organismo a cumplir con celeridad sus objetivos fiscalizadores.
Esta carencia de personal informático adecuado (pese a su abultada plantilla de 60 trabajadores) ha obligado reiteradas veces al tribunal a acudir con urgencia a profesionales de la Administración General del Estado para resolver problemas. Y esto ocurre en un Tribunal donde se mueven todos los años cientos de expedientes “con información muy sensible y sujeta al deber de sigilo”, según detalla el informe del subdirector jefe, que además ofrece un dato demoledor: la mayoría de los informáticos solo tiene el graduado escolar o el bachillerato y no conoce más allá del programa Windows. El sueldo de un jefe de equipo de este departamento es superior al de un inspector de Hacienda recién llegado, en torno a 3.000 euros.
El convenio colectivo facilita los ascensos obviando la titulación. Algunos allegados de altos cargos son ahora jefes de equipo. El convenio colectivo del tribunal resta importancia a los estudios a la hora de ascender. Su artículo 6 establece: “Los aspirantes por el turno de promoción interna, excepto para acceder a los grupos 1 [titulados universitarios] y 2, quedarán exentos de reunir el requisito de titulación reseñado anteriormente, siempre y cuando acrediten una experiencia mínima de cinco años de antigüedad en la plantilla”.
Mariano Rajoy ha viajado a Malabo para participar en la Cumbre de la Unión Africana. Antes de la reunión, la agenda de La Moncloa señala la celebración de "varios encuentros bilaterales" con líderes de otros países, pero no precisa cuáles.
El encuentro bilateral con el anfitrión se produce cuatro meses después de que Rajoy rehusara mantenerlo en Bruselas durante la cumbre UE-África y cancelara su asistencia a una cena en la que los encargados de protocolo pretendían que se sentaran juntos.
Todos conocemos el dicho “los asuntos turbios no resisten un escrutinio abierto”. Eso es particularmente válido en lo que concierne a la seguridad asiática. De hecho, yo creo que es necesario establecer un marco bajo el cual los gobiernos revelen públicamente sus presupuestos militares si hemos de generar confianza y evitar una carrera armamentista regional.
La tecnología digital ha cambiado las reglas del juego de escondite que casi todas las sociedades habían preservado hasta hace unos decenios. La intimidad celosamente guardada por políticos, amantes, lobistas, banqueros y artistas, es aireada sin pudor ante un público siempre dispuesto a enterarse de lo que otros desearían ocultar.
Esta situación tiene rastros de lo que imaginó George Orwell en 1948 y proyectó en su libro 1984: una sociedad hipervigilada por el Gran Hermano, un gobierno omnipresente y controlador, ávido de la vida privada de una masa humana plana y apática. En la realidad de hoy los gobiernos pueden vigilar a sus ciudadanos, pero el auténtico control está en manos de las gigantes empresas particulares proveedoras de servicios en Internet. Y las masas de personas no están sólo vegetando: también vigilan y están participando activamente.
El smartphone está en manos de millones de personas y ha borrado las fronteras entre lo público y lo privado. Ya nadie sabe, cuando se asoma a la ventana con cara preocupada o besa a su interlocutor en el bar, quién lo fotografiará y compartirá la imagen en Internet. Las escenas de cama, las conversaciones íntimas, los desahogos verbales, las cuentas “B”, todo puede ser grabado y publicado en segundos, expuesto a la mirada y el oído públicos sin solución de continuidad.
Las fotos satelitales nos hacen de espejo en el techo, nos reflejan de un modo impúdico a escala planetaria. Quedan ante nuestros ojos las maravillas que aún conserva nuestro planeta, pero también, sin paliativos, las diferencias sociales en las ciudades, la devastación de los bosques, el deshielo de los glaciares. Y ya puestos en ello, puede detectarse una casa concreta, un área de jardín, un escondrijo donde ya nadie estará a salvo de miradas indiscretas.
Las redes sociales hacen de caja de resonancia a cualquier anécdota aislada. Son millones de ojos los que están escrutando lo publicado para re-publicarlo, multiplicando hasta el infinito los ecos de un hecho, por nimio que sea.
Por eso un valor clave en la sociedad de la información es la transparencia: la responsabilidad sobre las propias acciones, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Una transparencia obligada, quizá, pero que empuja a los personajes notables de la vida social y a toda la ciudadanía a ser mucho más congruentes. Menos palabrería y más acción. De lo contrario su descrédito es inmediato.
Felipe VI, en su discurso de proclamación como Rey, dijo que quiere una Corona “íntegra, honesta y transparente”. Pues de momento, parece que no sólo él. Todos estamos condenados a ser transparentes.
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