Opacitats detectades (XII): Corrupció, publicitat institucional, llibertat de premsa, reforma anticorrupció
«Un estudio de la Universidad de Las Palmas cifra en 40.000 millones de euros el impacto en España»
«La distribución en medios no suele ser pública»
«En cambio, no es público qué reciben en prensa y televisión»
«En la gran mayoría de casos, el reparto entre los medios de las campañas de publicidad institucional es totalmente opaco.»
«es imposible saber, por poner sólo ejemplo, cuántos anuncios se publican en El País, cuántos en El Mundo y, lo que es más importante, si el criterio para la distribución se basa en la audiencia.»
«Desde el inicio de la democracia la libertad de prensa nunca había estado tan comprometida en España como lo está hoy. La independencia de los periodistas españoles ha disminuido de manera suave, pero constante en la última década, hasta colocarse al nivel de naciones como Ghana, Surinam o Islas Salomón. Además, estamos a punto de dejar de ser un “país libre” para pasar a ser un “país parcialmente libre”»
«En una escala en la que los países más restrictivos obtienen más puntos, España sumó 28 en 2013, de los cuales 14 se explican por las trabas impuestas por el poder político, 8 por condicionantes económicos y 6 por limitaciones legales a la libertad de informar»
«Si se colocase un detector de metales en la puerta de embarque y al mismo tiempo se permitiese la entrada de gente armada por otra puerta, de nada serviría decir que se adoptaron medidas para evitar el secuestro a punta de pistola del avión. Algo similar ocurre con los cohechos, el enriquecimiento ilícito, la prevaricación y otros supuestos de corrupción hasta llegar al indulto.»
«En apenas una hora, los profesores de Derecho Penal Javier Gómez-Lanz, de la Universidad de Comillas-Icade, de los jesuitas, y Jacobo Dopico Gómez-Aller, de la Carlos III de Madrid, desarmaron la reforma anticorrupción impulsada por el Gobierno y señalaron en la Comisión Constitucional del Congreso los postigos por los que los virus de la corrupción entran y se mueven en el edificio democrático como Pedro por su casa.»
«En la malversación de caudales públicos, Gómez-Lanz llama la atención sobre la definición del “patrimonio público” contenida en el artículo 3 de la Ley de Administraciones Públicas porque, curiosamente, “excluye el dinero y los efectos de tesorería”. “Sería oportuno aclararlo”. El penalista tampoco comprende por qué la malversación atenuada, entendida como administración desleal y apropiación indebida, se fija en 1.000 euros cuando es dinero privado y en 4.000 euros cuando es dinero público. ¿Será que los euros tienen distinto valor? Extraño le resulta que esa malversación atenuada tenga una pena inferior al hurto. ¿Será porque, según la propuesta gubernamental un sujeto sometido a deberes especiales en la administración de lo público tiene menos responsabilidad que un vulgar chorizo?»
«el penalista Gómez-Lanz pone el ejemplo del fraude en las subvenciones para pedir que se suprima el precepto penal de 2012. “En el fraude de subvenciones, a los que auxilian, facilitando la obtención u ocultando los hechos, no se les considera autores, sino que van por la vía general de la complicidad, y además no se les agrava la pena”, explica. ¿Será porque las subvenciones públicas, por regla general no otorgan a los trabajadores sino a las empresas y organizaciones, preferentemente amigas?»
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