Opacitats detectades (XXVII): Congrés dels Diputats, declaració de bens, el sentit de la democràcia, opacitat guvernamental
Los diputados electos se limitan a cubrir un cuestionario en el que cada uno justifica hasta donde quiere el nivel de intereses y posesiones que le afectan sin que ningún órgano se encargue de velar por la veracidad o imprecisión de la información facilitada por sus señorías. Se trata de documentación desactualizada, imprecisa y sin valor documental a efectos legales.
En el artículo 18 del Estatuto del Diputado no se establecen los criterios para cubrir dicho formulario, ni tampoco se hace en el mismo documento. Por poner un ejemplo, los diputados non tienen obligación de especificar la extensión de las viviendas, locales comerciales o fincas que les pertenezcan, ni tampoco el modelo de los vehículos, embarcaciones y aeronaves [sic] que posean.
Desde el colectivo Qué hacen los diputados llevan años denunciando esta situación y otras similares. "No hay un estándar de datos, hemos hecho nosotros el trabajo", denuncia su portavoz. "Además estos datos no se contrastan con otros organismos del Estado, como Hacienda, lo que nos parece detestable".
Esta situación tiene como consecuencia que muchas de esas declaraciones ofrecen tanta imprecisión que raya el surrealismo. Veamos algunos ejemplos. En el capítulo de "vehículos, embarcaciones o aeronaves" de su declaración de bienes, el diputado del PP Carlos Floriano declara poseer el 50% de dos "vehículos".
Es de suponer que con el sustantivo "vehículos" el diputado popular se refiere a dos automóviles, aunque no ofrezca datos sobre modelo y presumible valor de los mismos. Los "vehículos" que Floriano tiene a medias podrían ser, no obstante, de cualquier otra condición (barcos, aviones...) pero la ambiguedad de su declaración impide conocerlo.
La ambiguedad de Floriano se repite en muchas otras declaraciones de diputados de todos los partidos. Es el caso de Emilio Olabarría, diputado del PNV, que declara poseer dos "viviendas", sin especificar tipología, metros y valor de las mismas.
Los ciudadanos deben fiarse de la buena fe de sus representantes. Los datos que estos declaran al Congreso y al Senado no están contrastados con la agencia tributaria u otros organismos para comprobar su veracidad. En caso de que se descubran que estos son falsos, los diputados tampoco se enfrentarían a una acusación de delito de falsificación de documento público, pues esta declaración no tiene esa consideración.
"Existe un debate abierto en la Comisión de Reglamento del Congreso para modificarlo", explica el representante socialista en este órgano, Pablo Martín. La intención es incluir en él medidas de transparencia más concretas. "No puede ser que en las declaraciones de bienes y rentas no se especifique el modelo de coche o la extensión de las viviendas", denuncia el diputado, "pues alguien puede empezar la legislatura con un seiscientos y acabarla con un coche de 120.000 euros". "Aun queda mucho por hacer", afirma Martín.
Cada vez a peor, per Najat El Hachmi
Nos piden nuestro voto cada cuatro años y después se olvidan de nosotros. Nos seducen y nos prometen el oro y el moro, pero cuando les hemos dado la silla les da una amnesia selectiva que hace que en los tres años y medio largos que siguen, hasta que no llega la siguiente cita electoral, no recuerden nunca de dónde les viene el poder. En este tiempo hacen y deshacen como monarcas absolutos. La opacidad es tan intrínseca a los políticos que alguien ha hablado de hacer una ley de transparencia para obligarles a ser claros a la hora de rendir cuentas. Es cierto, deberíamos ser los ciudadanos los que nos preocupáramos de velar por nuestros intereses y ser más activos en la vigilancia del poder, pero es una tarea imposible de realizar de manera individual.
Los diputados intentan controlar la acción del Gobierno, políticas y gasto del dinero público pidiendo los contratos y los informes en los que se basan las decisiones
En el Congreso de los Diputados existe un tipo de iniciativa, disponible para uso de los diputados, que son las solicitudes de informe.
Es decir, los parlamentarios desean conocer una serie de datos: en qué estadísticas se basa el Gobierno para desarrollar una política; si se hace una obra pública por parte de una institución de qué informes está apoyada, como por ejemplo, esta solicitud del diputado Pablo Martín Peré en la que pide al Ejecutivo el informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO) sobre el “proyecto de ampliación y remodelación del Club Marítimo del Molinar” de Palma.
La respuesta del Gobierno es un documento que no se hace público. Es decir, solo podemos saber si el ministerio correspondiente ha recibido la solicitud y ha contestado, porque en la web del Congreso figura la fecha en la que se acaba de tramitar la iniciativa, pero no su contenido y mucho menos los documentos que pudieran acompañar la solicitud.
Ejemplo de una solicitud de informe de Joan Baldoví / Foto: congreso.es
Preguntamos al respecto al Congreso en Tu derecho a saber y nos remitió a dos artículos de su reglamento, el 7 y el 97, que indican que los diputados tienen derecho a pedir informes y datos al Gobierno, que este tiene 30 días para dar la información solicitada, o no y explicar las razones.
También señalan que “se publicarán los textos y documentos cuya publicación sea requerida por algún precepto de este Reglamento, sea necesaria para su debido conocimiento y adecuada tramitación parlamentaria o sea ordenada por la Presidencia”. Es decir, que la publicación de los informes está sujeta a razones desconocidas para la ciudadanía.
En total hay 2.509 solicitudes de informe de diputados, de las cuales 2.170 se han tramitado. De ellas, un 98%, es decir, 2.133 han acabado el trámite, lo cual quiere decir que el diputado/a ha recibido una contestación del Gobierno.
Asimismo, 23 solicitudes se han inadmitido a trámite en términos absolutos o con recalificación; 5 las han retirado los propios diputados y nueve se han extinguido por el cese del autor, Xesús Jorquera, Chesús Yuste y Ramón Jáuregui, en este caso.
Para saber qué tipo de contestación ofrece el Gobierno hemos pedido ayuda al diputado del PSOE por Soria, Félix Lavilla, quien ha cursado 114 solicitudes de informe e indica que solicita este tipo de documentos especialmente en temas que entiende “pueden interesar a los ciudadanos”.
Sobre las contestaciones que recibe, afirma: “El Gobierno suele ser cero transparente cuando le perjudica una información y utiliza mil tretas. Hay que tratar de darle la vuelta”. En este sentido, el diputado por Soria comenta que el Ejecutivo se escuda “en no dar datos que afectan a protección de datos personales”.
De entre las contestaciones que ha recibido Lavilla queremos mostrar un par de ejemplos. El diputado solicitó que el Gobierno le facilitara los “ contratos firmados sobre las obras de modernización en el Palacio de Justicia de la ciudad de Soria, así como las modificaciones que se hayan podido producir”.
Como se puede ver en la respuesta, el Gobierno le envía una relación del enunciado y adjudicatario del contrato, fecha y cuantía. ¿Esa información bastaría o también sería interesante recibir una copia de los contratos?
Según señala Lavilla, busca datos “al menos básicos para comprender cómo va una inversión determinada“, pero el Gobierno “se ampara en la Ley de Protección de Datos” para no facilitar más información.
En otra contestación a una solicitud al Ministerio de Agricultura, sobre “los trámites realizados y las actuaciones pendientes en los humedales de Conquezuela y del Campo de Gómara” (Soria), el Gobierno menciona en su respuesta (de tres párrafos): “La Confederación Hidrográfica del Duero ha realizado en primer lugar un estudio” (…) posteriormente ha redacto el proyecto constructivo, para su futura licitación, si procede”.
Aunque la idea al solicitar este informe era recibir el estudio y el proyecto, Lavilla concluye: “Habrá que pedirlo desde diversas perspectivas e insistir”.
En Estados Unidos, donde tienen una oficina de transparencia para fiscalizar al Gobierno (GAO US Government Accountability Office), los parlamentarios tienen un servicio específico a través del cual pueden solicitar información para “ mejorar el Gobierno y ahorrar a los contribuyentes miles de millones de dólares“.
A través de una carta manuscrita y un email pueden solicitar los siguientes datos y documentos:
- Las auditorías de las operaciones de la agencia (GAO) para saber “si los fondos federales se gastan de manera eficiente y eficaz”.
- La investigación de las denuncias de actividades ilegales o indebidas.
- Informes de si los programas y políticas del Gobierno cumplen sus objetivos.
- Análisis de las políticas del Gobierno para debatir en el Congreso.
- Decisiones legales y opiniones sobre las ofertas de licitación y otras cuestiones de las leyes federales.
En España, donde el Congreso de los Diputados también es la institución que controla al Gobierno, existen los instrumentos de la solicitud de informe y las preguntas orales y escritas al Gobierno, pero como en algunas ocasiones hemos reflejado, no siempre se ofrecen respuestas satisfactorias y a lo que se solicita.
Información de Qué hacen los diputados
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