¿Por qué no nos hablan del TTIP?
La crisis económica y política ha impulsado un concepto a la primera línea de la discusión política: la transparencia. Podría parecer obvio, pero la multiplicación de casos de corrupción, gestión deshonesta, espionaje o cualquier tipo de violación de una hipotética ética política han puesto de manifiesto que tan obvio no era, y la transparencia ha pasado a ser una reivindicación más de la ciudadanía para lograr esa regeneración democrática que tan necesaria se nos antoja, pero que tan abstracta e inconcreta resulta a la hora de llevarla a cabo.
Estoy hablando del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (conocido por sus siglas en inglés, TTIP o TAFTA, según nos refiramos al tratado en sí o al área de libre comercio). Si no han oído hablar de él (más que en algún periódico frecuentemente tachado de "radical" por los medios llamados de prestigio), quizás entiendan de qué les hablo. El TTIP es un acuerdo cuyos puntos se están negociando en el secreto más absoluto entre negociadores de EEUU y la UE. Este secretismo no es una exageración propia: a pesar de la evidente trascendencia del documento (o, quizás, a causa de esto), solo ha sido posible conocer parte de este a través de una filtración que se produjo gracias a la plataforma independiente de denuncia ciudadana Filtrala.org.
Hasta ahora, solo los grupos parlamentarios pertenecientes a la Izquierda Unitaria Europea y a los Verdes Europeos han reivindicado enérgicamente una mayor transparencia de estas negociaciones.
¿No les resulta incoherente, por un lado, el abanderamiento de la transparencia como necesidad democrática, y por otro, el mutismo con el que permiten que negociaciones de tanta relevancia política, económica y social se mantengan en el secreto más absoluto, negando a la ciudadanía el legítimo derecho, cuanto menos, a conocer qué posturas defienden quienes supuestamente nos representan?
Transparencia para atraer inversiones
El estudio encargado por C[omunidad de ]C[anarias] a las universidades públicas regionales urge a la Administración a tomarse en serio la transparencia a fin de promover la iniciativa empresarial y la actividad económica.
...el informe de las universidades, que deja claro que "no basta" con hacer la Administración -y sus procesos- más eficientes. "Es necesario también mejorar su transparencia, trazabilidad y credibilidad".
Las administraciones publican información, pero no responden a los ciudadanos
El Confidencial ha analizado las disparidades entre el índice INCAU y el nivel de respuesta de las instituciones autonómicas a las peticiones públicas de información. Este aspecto, el derecho de acceso a la información, no se ha recogido como un derecho fundamental en la Ley de Transparencia que entrará en vigor a finales de este año.
El estudio de Transparencia Internacional mide únicamente la información que la institución decide suministrar a sus ciudadanos en las páginas oficiales. De ahí que no se tenga en cuenta el nivel de respuesta a la sociedad ni la calidad de la misma. En cambio, la plataforma Tu Derecho a Saber, impulsada por la Fundación Civio y Access Info, recoge el tipo de respuesta de las autonomías a cada petición de información.
El concepto clave es el silencio administrativo, que se define como la ausencia de respuesta por las instituciones públicas a una petición de información. El artículo 20.4 de la Ley de Transparencia ampara esta potestad administrativa al establecer que “transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”.
Los resultados del INCAU no han dejado satisfecha a la comunidad pro transparencia española. Desde la Fundación Ciudadana Civio critican el rigor de estos resultados. “La única transparencia que importa es la que se traduce en más información para el ciudadano”, declara Javier de Vega, responsable de comunicación de la organización.
De Vega añade que este informe ofrece una visión “cuantitativa y no cualitativa” y lo califica como “un despropósito”. Y sentencia: “Ellos [Transparencia Internacional] se están labrando su propio descrédito”.
El Gobierno incumple la ley de transparencia: sigue sin publicar los bienes de sus altos cargos
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno -el ‘proyecto estrella’ de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría- entró en vigor el pasado 10 de diciembre, tras ser publicada en el BOE correspondiente. Su disposición final segunda modificaba la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, y fijaba lo siguiente en el apartado 4 de su artículo 14:“4. El contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los Secretarios de Estado y demás altos cargos previstos en el artículo 3 de esta ley se publicarán en el ‘Boletín Oficial del Estado’, en los términos previstos reglamentariamente. En relación con los bienes patrimoniales, se publicará una declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos altos cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares”.
Pero las leyes se pueden quedar en papel mojado y todo parece indicar que eso ocurrirá con esta ley: siete meses después de su entrada en vigor, el Gobierno sigue manteniendo la opacidad en cuanto a sus cargos públicos: no ha publicado la declaración de bienes y patrimonio de subsecretarios, directores generales y presidentes de organismos o de empresas públicas.
Transparència? Això, ara no toca!
Una legalitat que ha de ser requisit indispensable però no suficient per a l’actuació d’uns poders públics que massa sovint obliden la necessitat d’actuar també segons criteris d’ètica, transparència i legitimitat.
Según el magistrado del TS Marín Castán "La doctrina del TJUE es un severo varapalo a España en materia de protección de los consumidores"
"La transparencia es decirle de verdad al consumidor aquello que más le importa. Es fácil de conseguir cuando se quiere", ha agregado, al tiempo que ha criticado que algunos trabajadores de oficinas no dejan que los consumidores se lleven a su casa los contratos.
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