Quan les dades que tenen no lliguen amb les que diu el govern, resulta que no poden contrastar la seva informació amb la del ministeri, aquest és el seu article explicant-ho:
VERIFICANDO LOS DATOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
POR EVA BELMONTE, 20 DE MAYO DE 2014.
¿Por qué los datos del ministerio de justicia y los de el indultómetro no coinciden? Puedes verificar los nuestros, pero no los suyos
El Confidencial ha publicado esta mañana una noticia en la que afirma que el Gobierno de Zapatero concedió 16 indultos por violencia doméstica y Rajoy ocho a condenados por delitos contra la seguridad del tráfico. La única fuente es una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado socialista Javier Barrero que incluye cifras totales por año y delito de los últimos seis años. Pero, ¿son ciertos los datos que ofrece el Gobierno? Es imposible saberlo con certeza, puesto que no conocemos el método que utilizan. Lo que sí sabemos es que no coinciden con los nuestros, obtenidos mediante la extracción informática de la información publicada en el BOE y cuyo proceso de tratamiento y comprobación sí puedes verificar.
En muchos casos, la información que ofrece el Gobierno es la única fuente disponible para acceder a una información y no hay posibilidad de chequeo por parte de periodistas o ciudadanos. Este no es uno de ellos. Los decretos de indulto se publican en el BOE, es esa fuente la que sirve de base para El Indultómetro y la que puede servir para contrastar la información del Gobierno.
Hemos comparado en una tabla los datos que ofrece el Gobierno y los que constan en la base de datos de El Indultómetro. En números totales, las cifras que da la respuesta por año son bastante menores. Esto tiene una explicación: no están contabilizando aquellos indultos que concede el Ministerio de Defensa y nosotros sí lo hacemos. Aun así, los números sólo coinciden en seis de los 13 años sobre los que dan datos. En el resto, las diferencias muchas veces son mínimas (un indulto arriba o abajo) pero en un caso concreto llegan a los 15. Para 2014, simplemente, la cifra no está actualizada: el Gobierno responde que suman 24 indultos pero, a día de hoy, ya se han publicado 60 en el Boletín Oficial del Estado. ¿A qué se pueden deber estas diferencias? Puesto que entendemos que todos los decretos de indulto se publican en el BOE, sólo puede deberse a un error de cálculo.
Pero las mayores diferencias llegan con la división por tipo de delito, que es la información que da forma, de hecho, al titular de El Confidencial. Nuestros datos muestran sólo un indulto a un condenado por violencia doméstica en 2010, nada que ver con los 16 que los encargados de elaborar estos datos dan al gobierno de Zapatero desde 2008. La única explicación posible es que incluyan en esa categoría delitos como lesiones, maltratos o intentos de asesinato que decidan clasificar como violencia doméstica. Pero no sabemos bajo qué criterios los han incluido, cómo han elaborado esa división de delitos ni en qué se basan. Hemos preguntado al Gobierno qué metodología utiliza para dar esos datos a través del formulario de la página web del Ministerio de Justicia. Lo que sí es público es cuál es nuestra metodología: utilizamos la clasificación de delitos del Código Penal, que es la más extendida.
El cuenteo de delitos contra la seguridad vial de los años analizados tampoco coincide. Según sus datos, y así lo reproduce el titular, el gobierno de Rajoy lleva ocho indultos por este tipo de delito. Así fue en 2012, pero no incluyen un indulto de 2013 para un taxista condenado por varios delitos, entre ellos uno contra la seguridad del tráfico.
Este caso demuestra la importancia de conocer la metodología para poder dar por buenos unos datos. O, al menos, para poder verificar que son exactos. En marzo, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, afirmó que este gobierno no había concedido ningún indulto en casos de corrupción. No era cierto. Entre malversación y prevaricación, dos delitos que se incluyen en esta categoría, ya sumaban ocho, como ya demostramos entonces. Tras estos desmentidos, matizó sus palabras y dijo que se refería a políticos condenados que se hubieran enriquecido económicamente de forma directa con dinero público, una categoría de delito que no existe más allá que en la mente del ministro.
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